Imagino que, entre tantos ríos de tinta y minutos de radio y televisión, quienes se hayan animado a leer mis reflexiones tendrán cumplida información acerca de la investidura -116 días después de la cita con las urnas- de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. Así pues, les ahorraré mis consideraciones generales y me centraré en un punto de vista menos tratado y que es, precisamente, el que me atañe por mi condición de portavoz en el Senado, donde el Partido Popular ha abierto su particular frente en la guerra contra el nuevo Gobierno.

Y es que, al contrario que en el viejo dicho, hay novedades en el frente. Sabido es que el Grupo Popular cuenta en la Cámara Alta con mayoría absoluta y, siendo esto así, lo está aprovechando para convertirla en su particular frente de resistencia contra el Gobierno, instrumentalizándola de manera vergonzante en beneficio de sus exclusivos intereses políticos. Esta semana por ejemplo, se ha consumado un cambio en el Reglamento que posibilitará que la Mesa del Senado –donde el PP también cuenta con mayoría– pueda decidir sobre la urgencia en la tramitación de las iniciativas legislativas que así pudieran llegar calificadas desde el Congreso, de forma y manera que queda a su arbitrio establecer en hasta dos meses el plazo para tramitar cualquier Proposición de ley que envíe el Congreso —sea o no calificada de urgencia— en lugar de 20 días como establecía hasta ahora el Reglamento para el caso de iniciativas urgentes. A nadie se nos escapa que tras esta decisión está la intención primera de dilatar la tramitación de la Ley de Amnistía, aunque anticipa, al mismo tiempo, su clara intencionalidad de ralentizar cualquier iniciativa legislativa calificada de urgencia que pueda provenir del Congreso. Subrayo los verbos dilatar y ralentizar, ya que, en la práctica, es lo único que podrán llevar a cabo, porque tras este trámite en la Cámara alta, la citada ley deberá regresar en cualquier caso al Congreso de los Diputados donde podría ser finalmente aprobada aunque la rechazase la triple alianza de PP, Vox y UPN.

Vaya por delante que respeto la legítima mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el Senado, lo que no comparto es su modo absolutista de imponerla, a través de una práctica contraria a los principios que deben imperar en toda democracia parlamentaria. En la tramitación de esta reforma no solo no han tratado de entablar acercamiento alguno al resto de Grupos, sino que no han respetado los procedimientos –la Mesa incluyó la toma en consideración de la propuesta de reforma en el orden del día del pleno que se celebraría cuatro horas después sin haber escuchado a la Junta de Portavoces– y sobre todo, ha sido insultantemente contradictoria con su argumentación: “Ofrecer mayor plazo a los grupos para el estudio y profundización de las iniciativas legislativas”. Para que se hagan una idea, conocíamos las propuestas alternativas al mismo tiempo que estábamos debatiendo la iniciativa en el hemiciclo. Reforma exprés, sin atender a los grupos, para ampliar los tiempos para un mejor y mayor análisis de las iniciativas. Una absoluta contradicción y un ejercicio de filibusterismo.

Más allá de la dilación, lo cierto es que sí hay iniciativas, importantes, sobre las que la capacidad de veto de la mayoría del PP en el Senado tiene influencia real. Así, la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 posibilita que la Cámara alta desapruebe las propuestas sobre el techo de gasto público no financiero para 2024 que le presente el nuevo Gobierno del Estado, por lo que puede forzarle a que los Presupuestos Generales del Estado vayan a estar sujetos al último tope aprobado reglamentariamente, en el año 2020, lo que condicionaría notablemente la capacidad de gasto permitida para las Administraciones públicas y, por ende, las inversiones y gastos anunciados por las formaciones políticas que sustentan el Ejecutivo central.

El Partido Popular utiliza el Senado como una trinchera contra el Gobierno, tratando de compensar la debilidad que mantiene en el Congreso. Y es de sobra conocido que, si bien las trincheras sirven de parapeto, por definición, impiden el avance, el acercamiento. Actualmente, la finalidad primera y última del PP es dificultar la Gobernabilidad del Estado, todo lo contrario de lo que sería esperable de un partido de Estado; una mala interpretación de lo que es y se espera de un partido en la oposición.

Tal y como trasladé en mi intervención en el Senado a los representantes populares, esa “España suya” no se defiende despedazando la democracia y usando la Cámara como peón al servicio único de sus intereses partidistas, sino respetando las instituciones, cumpliendo con la legalidad y preservando la convivencia. Menos aún, tensionando a la sociedad e inflamando las calles, ni calificando de ‘ejercicio sano’ los escraches, acosos y manifestaciones frente a sedes de partidos políticos, como justificaba el recientemente elegido presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés, sobre las algaradas frente a la sede socialista de Ferraz. Unas palabras que, cuanto menos, sorprenden viniendo de quien fue Delegado de Gobierno en Euskadi, porque debiera tener bien presente los riesgos y las consecuencias de avalar a quienes promueven ese clima de hostilidad y hostigamiento a legítimos representantes públicos.

La decimoquinta legislatura se presagia convulsa en las Cortes Generales. Ya lo ha sido antes de que se invistiera a Pedro Sánchez como presidente y lo será, dure lo que dure el nuevo Ejecutivo que comenzará a andar en breve. No son pocos los frentes que tiene abiertos: no solo los derivados de la gestión y de la necesidad de sumar “todos los apoyos todos los días”, sino también por la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con los partidos que le hemos prestado apoyo. Y, como decía, por la agresiva oposición que el PP está alimentando en todos los frentes en su único objetivo de alcanzar el poder, cueste lo que cueste. ‘O yo o nadie’ .

Desde nuestro Grupo en el Senado seguiremos, con el mismo ímpetu y tenacidad que siempre hemos mostrado los y las representantes de EAJ-PNV en Madrid, defendiendo los intereses de Euskadi, el desarrollo de nuestro autogobierno y el bienestar de la ciudadanía vasca, sin perder de vista, por supuesto, las maniobras que nos vayan presentando por el camino siguiendo el principio maquiavélico de que ‘el fin justifica los medios’.